Una ‘revolución silenciosa’ en educación

Cuando pensamos en Colombia en la actualidad, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es el infame capo de la droga Pablo Escobar, promocionado en la exitosa serie de Netflix, Narcos; o tal vez el largo conflicto civil de décadas entre el gobierno colombiano y los grupos guerrilleros de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), las cuales firmaron un acuerdo de paz con el gobierno a finales de 2016. A pesar de este contexto, Colombia es el segundo país en el que la mayor cantidad de personas han experimentado un período de crecimiento económico que redijo su pobreza en América Latina. Aclamado como el “milagro colombiano”, y más aún como una “revolución silenciosa” de la educación, Colombia lo ha logrado ampliando los resultados del aprendizaje de los estudiantes, subiendo el listón de la igualdad y la equidad de oportunidades en las escuelas, utilizando la recopilación y el análisis de datos para tomar decisiones informadas y crear políticas, y centrando una mayor cantidad de fondos en ver fructificar las reformas educativas.ⁱ

(Fuente: Educación en Colombia: aspectos destacados, OCED, 2016)

Estos logros educativos son, principalmente, el resultado de un control más estricto de las consecuencias de la turbulenta historia de conflictos socio-políticos desde 1948, cuando el candidato presidencial del partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, fue asesinado y el hecho desató un proceso violento que resultó con el desplazamiento interno de millones de colombianos.ⁱⁱ Dicho control le permitió al gobierno colombiano introducir políticas como “De cero a siempre” en 2010, la cual es hoy el marco común que guía el desarrollo y el bienestar de la primera infancia con un enfoque holístico. Por otra parte, el modelo de “Nueva escuela”, introducido en 2014, amplía la educación rural en las regiones de menos recursos en Colombia, al hacerla más accesible y al enfocarse en la formación de maestros para ofrecer un ambiente estimulante y adaptado al contexto. Y, adicionalmente, el “Currículo 40×40”, un programa implementado por el antiguo secretario de educación de Bogotá, Óscar Sánchez, que incrementó el número de horas en los colegios a 40 en la semana, durante 40 semanas al año, para que los niños puedan participar en actividades extracurriculares, como deporte y arte.ⁱⁱⁱ Estas políticas han aumentado el nivel y la calidad de la educación de los niños colombianos, como lo dejan ver algunas cifras recogidas por la OCED. Por una parte, la participación educativa de la primera infancia y de cuidado (ECED) y la educación terciaria han aumentado de un 40% a un 50%, respectivamente; en cuanto a la tasa de matriculación para menores entre los cero y cinco años, esta pasó de 16% a 41% entre el 2007 y 2013, logrando un incremento en la matriculación bruta del 57% al 76% entre 2002 y 2012.^iv Este ha sido el caso en particular para las niñas, quienes entre 1900 y el 2000 vieron aumentar el promedio de años de estudio en un 23%, pasando de 3 a 3,7 años; un aumento en la finalización de su educación secundaria de 37% en 1989 a un 94% para 2011, y su representación en el mercado laboral pasó de un 30% al 43% entre 1990 y 2012.^v

Un sistema educativo desigual

A pesar de estas acciones positivas, también es cierto que aún queda un largo camino para que Colombia establezca un sistema de educación basado en la igualdad, sin diferencias entre instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, que provea la misma calidad educativa para todos los estudiantes, y logre tanto el aumento de la matriculación neta y como el mantener la asistencia a lo largo de todo el ciclo de educación de los niños y niñas. En 2017, la organización Children Beyond Our Borders, la cual trabaja por la igualdad de oportunidades en la educación, reportó que 37,2% de estudiantes colombianos no siguen en sus estudios más allá de la enseñanza secundaria superior. Esto ha significado una brecha considerable en el número de colombianos que han obtenido un grado de Ph.D., con una proporción de 7 por cada millón de colombianos; 45,4% de estudiantes se retiraron de la universidad desde 2010, además de aproximadamente un 75% de estudiantes que se retiraron por completo de sus estudios hacia los 17 años; un estimado de 37% de estudiantes empezaron su educación más tarde; y un 41% repitieron por lo menos un grado a la edad de 15 años.^vi Con respecto a la educación universitaria, la tasa elevada de abandono se debe principalmente a que el sistema está sobrecargado y fragmentado, pues hace falta un plan de estudios estandarizado que les permita a los estudiantes alcanzar este grado educativo en iguales condiciones, así como los bajos salarios para los profesores, lo que ha provocado una elevada tasa de absentismo. El gobierno colombiano invierte el 4,6% de su PIB en educación, y tan solo 0,5% de este presupuesto se destina a las zonas rurales. Esto podría explicar por qué dos de cada diez estudiantes de zonas rurales no puede acceder a la educación, con lo que se reproduce el vicioso ciclo de pobreza, desempleo y violencia.^vii

En 2018, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, PISA, observó que más del 70% de estudiantes de enseñanza secundaria superior carecían de conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética, lo que suponía un obstáculo importante para acceder a las universidades que exigen aprobar el examen de acceso estandarizado ICFES. Las pruebas PISA miden los niveles de competencia en inglés, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y cívicas en los grados 3, 5, 9 y 11, y los políticos responsables de este sector aún no han logrado resolver el mayor índice de fracaso escolar en escuelas públicas en comparación a las privadas a la hora de presentar los exámenes.^viii Unido a esto, a comienzos de la década de 2010 en el país se vivió un período de tensión debido al programa “Ser Pilo Paga”, una iniciativa que redirigía los fondos públicos a instituciones privadas para subsidiar a aproximadamente 32% de los estudiantes con mejores resultados en la prueba estandarizada nacional para sus estudios universitarios. Así, estos estudiantes con los mejores puntajes podían ingresar a universidades acreditadas, en su mayoría privadas, con becas o préstamos financieros. El programa fue suspendido en 2018, cuando un gran número de estudiantes se manifestaron en contra de la desigualdad injusta y le exigieron al presidente del momento, Iván Duque Márquez, aumentar el gasto para las universidades públicas cuyas matrículas seguían siendo una barrera de acceso para muchos.^ix

Aún se mantiene el aparente desequilibrio de la demanda, en el sentido de que cada vez más estudiantes colombianos aspiran a una educación superior (con reportes de un crecimiento de 3.600 en 2001 a 6.276 en 2011), mientras a la vez se mantiene un bajo nivel de calidad, representado por lo que se conoce como “universidades de garaje”, instituciones que funcionan a la par con las instituciones de primer nivel que ocupan puestos relativamente altos en las clasificaciones regionales y mundiales.^x Esto se ilustra aún más en la esfera de las oportunidades de educación entrante y saliente. Aunque los colombianos son la séptima población más grande que decide estudiar inglés o ingresar a la formación profesional en el extranjero, el país sigue siendo un destino poco atractivo para estudiantes extranjeros, excepto para los estudiantes venezolanos, quienes también enfrentan una barrera significativa.^xi

Barreras para los refugiados de Venezuela

La crisis transversal que vive Venezuela desde 2015 ha provocado que millones de personas huyan del colapso social. Para noviembre de 2020, 1,7 millones de venezolanos estaban viviendo en Colombia, de los cuales aproximadamente 460.000 correspondían a menores en edad escolar.^xii El gobierno colombiano y la sociedad civil demostraron su mejor lado al garantizar a los refugiados venezolanos acceso a los servicios de salud y escolarizar a casi 200.000 venezolanos en edad escolar, lo cual se facilitó debido a las similitudes culturales y lingüísticas entre ambas poblaciones.^xiii No obstante, algunas barreras aún son evidentes en ciudades como Cúcuta, en donde se ha visto un alto número de niños fuera del sistema escolar y desempleo. Se estima que habría 22.350 venezolanos sin estudios de los 93.000 que viven en Cúcuta para 2020, en relación con el total de 361.433 menores colombianos sin estudio a nivel nacional.^xiv Los estudiantes venezolanos y colombianos tienen dificultades para obtener habilidades básicas de alfabetización y aritmética, con niveles de 69% y 65%, 61% t 64%, 70% y 68%, y 93%y 94% respectivamente, cayendo por debajo de los niveles de referencia en fluidez lectora oral, capacidad de comprensión de lectura, y problemas sencillos de suma y resta.^xv

Otro tema preocupante es el hecho de que los menores venezolanos sin estudios muestran signos más altos de aprendizaje social y emocional (SEL) que sus compañeros escolarizados, con 66% de los venezolanos y 63% de los colombianos respectivamente mostrando empatía en escenarios negativos hipotéticos. El 76% de los menores venezolanos sin estudios y jóvenes con discapacidades son víctimas de bullying escolar.^xvi La UNESCO ha reconocido que otras barreras indirectas incluyen el costo del transporte, los uniformes, la alimentación y los útiles escolares, así como el hecho de que maestros provenientes de Venezuela se enfrentan a retos burocráticos para homologar sus credenciales y que estas sean reconocidas por las autoridades colombianas, lo que podría potencialmente reducir la falta de personal educativo y el hacinamiento en los colegios.^xvii De acuerdo con el Comité Internacional de Rescate, estas barreras son el resultado de la sobrecarga al sistema educativo colombiano. Aunque esta organización también aplaude el acceso como un primer paso, pero aboga por mayor atención para que se incluyan a los menores sin estudio, combinando herramientas académicas y de aprendizaje social y emocional (SEL), aumentando la formación docente, y adhiriendo a la Ley de Convivencia de 2013, una directiva que busca que se implementen comités de co-existencia para todas las partes interesadas del sistema educativo.^xviii

La pandemia de COVID-19

El brote de COVID-19 amplificó los retos socio-económicos y educativos en todo el territorio colombiano, dejando a muchos estudiantes en riesgo de retirarse de sus estudios por completo y entrar en el mercado laboral.^xix En un artículo para el New York Times, Gloria Vásquez explica que graduarse, en Colombia, es un gran logro, ya que en el pasado la mayoría de colombianos no tienen las mismas oportunidades para educarse. Así, explica, “la violencia y el crimen son tan comunes aquí como el carro de helados que recorre la manzana cada tarde”, y muchos padres han trabajado en el pasado como recicladores, recorriendo las calles en busca de cualquier objeto de valor para intentar venderlo.^xx La pandemia exacerbó los miedos ya existentes de que muchos menores abandonaran sus estudios, especialmente porque el 50% de los hogares colombianos no pueden pagar una conexión a internet, y los menores no cuentan con los medios digitales para seguir sus clases o completar sus tareas, ni mucho menos mantenerse en contacto con los maestros cuando cerraron las escuelas. Esto se tradujo en una carga adicional para padres muchas veces sin educación que debían asegurar la formación de sus hijos.^xxi

Debido a las repercusiones económicas de la pandemia, se estima que 100.000 menores desertaron la escuela en 2020.^xxii En entrevista para Peoples Dispatch, un maestro popular de secundaria, Harold García, explicaba que en las ciudades los colegios privados estaban mejor equipados para enfrentar el brote de la enfermedad y duplicaron el trabajo de los maestros que se apuraron a completar el currículo a la vez que aprendían cómo utilizar e incorporar métodos digitales de enseñanza.^xxiii Además, García expresó su descontento con la administración del presidente Duque Márquez durante la pandemia, quien desvió recursos públicos que se necesitaban en educación hacia seguridad nacional y para asistir a los bancos.^xxiv Los 1,5 millones de indígenas que viven en Colombia, por otra parte, acapararon la atención durante este tiempo. El grupo indígena más numeroso, el pueblo Wayúu, que habita predominantemente en la región de La Guajira, se vio gravemente afectado por el cierre del sector turístico, ya que el 90% de ellos trabajaba informalmente en él, y sólo el 10% tenía acceso suficiente a Internet para trabajar o aprender a distancia.^xxv Las iniciativas de la Fundación El Origen aumentaron el acceso de los niños indígenas a la educación virtual en términos de lengua, mediante el uso de aplicaciones, y dotando a 260 niños wayuu de tabletas, que a la vez apoyan los pasos para ampliar la lengua de enseñanza a las 64 lenguas que se hablan fuera del español oficial y ayudan a los pueblos indígenas a romper el ciclo de la pobreza.^xxvi

Por último, la COVID-19 puso a los niños en un riesgo significativo de ser reclutados por los grupos guerrilleros restantes como niños soldados, haciendo retroceder los esfuerzos logrados a través del plan nacional 2019 y el Caso No. 7 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene como objetivo prevenir el reclutamiento y la violencia sexual contra los niños. Así mismo, se reconoce el trabajo positivo que realizan las organizaciones de la sociedad civil como las Misiones Salesianas y Missioni Don Bosco Onlus para garantizar el acceso a la educación.^xxvii Es una estrategia conocida de estos grupos dirigirse a niños que viven en regiones rurales y proceden de un entorno socioeconómico pobre, por lo que son más fáciles de coaccionar debido a su falta de acceso a la educación y a la formación profesional, pero a menudo se convierten en escudos humanos, porteadores, espías, niñas novias, esclavas sexuales o se utilizan para actividades laborales en el actual conflicto civil con el gobierno colombiano.^xxviii Para hacer frente a este problema persistente, el Proyecto Borgen ha hecho recientemente un llamamiento al gobierno colombiano para que aplique políticas y medidas más estrictas que desincentiven el reclutamiento, así como para que se exija a la comunidad internacional que adopte planes de ayuda exterior más sustanciales que apunten más hacia un progreso holístico y colectivo.^xxix

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El sistema educativo colombiano ha dado pasos positivos que han dado grandes resultados en el acceso a la educación. Aún así, destaca la calidad asequible y valiosa en los resultados que la educación debe preparar a los estudiantes para alcanzar niveles superiores de educación o entrar en el mercado laboral. A nivel mundial, la educación es un activo importante que demuestra que los beneficios superan los costes de inyectar tiempo y financiación para impulsar el acceso, la calidad, los resultados y el valor que cada niño recibe a través de su educación, sirviendo como momentos cruciales que definen su futuro y el de sus países. De esta manera, Colombia no sólo atendería la otra mitad del Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de calidad, sino que reforzaría sus avances para reducir la pobreza, establecer mecanismos duraderos de resolución pacífica y justa, dinamizar el crecimiento económico, alcanzar niveles más robustos de salud y bienestar, y cerrar las brechas de desigualdad que aún persisten.

Escrito por Karl Baldacchino

Editado por Olga Ruiz Pilato

Traducido por Ana María Ocampo Cuesta, del original Educational Challenges in the Republic of Colombia: Great Access, Little Quality.