El 15 de julio de 2016 se produjo en Turquía un intento de golpe de Estado contra el presidente Tayyip Erdogan y las instituciones estatales. La desintegración del gobierno democrático, la amenaza a los derechos humanos y el laicismo fueron algunas de las razones citadas por las que se intentó llevar a cabo el golpe. Lo produjo una pequeña sección de las Fuerzas Armadas turcas, que se refirieren a sí mismos como el “Consejo de Paz en el Hogar”. El gobierno turco vinculó a los golpistas con el movimiento Gulen, el cual el gobierno turco considera una organización terrorista. Fethullah Gulen, un erudito islámico turco, predicador y antiguo líder de opinión que actualmente reside en Pensilvania después de un exilio autoimpuesto, lideró el movimiento Gulen. Gulen ha negado cualquier vínculo con el ataque golpista. Se han producido arrestos masivos después del evento.
Al menos 20,000 ciudadanos turcos fueron detenidos por supuestos vínculos con el movimiento Gulen. Los funcionarios turcos pedían la repatriación de Gulen; sin embargo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado encontraron que las pruebas presentadas por sus homólogos turcos eran incoherentes y poco creíbles. Los detenidos incluían a 5,000 miembros del sector educativo y 21,000 maestros cuyas licencias fueron revocadas, y se agregaron sus números de seguridad social a la base de datos turca para restringir futuros empleos. Sin embargo, la evidencia que sugería la lealtad de 20,000 ciudadanos a Gulen era débil. Además, las teorías sugerían que el golpe fue un montaje. La semana después del fallido golpe, miles de funcionarios y militares fueron depurados. Sin embargo, “la lista de presuntos golpistas era tan extensa que era imposible armarla en las horas posteriores al golpe”[1]. Individuos que habían fallecido semanas y meses antes del golpe formaban parte de tal lista. Las sospechas con respecto a la calidad y la honestidad de la investigación aumentaron. Estados Unidos, la inteligencia alemana y el gobierno británico dudan la narrativa oficial turca.
Según el gobierno turco, más de 135,000 funcionarios públicos, incluidos unos 4,000 docentes, han sido despedidos o suspendidos desde que el gobierno recurrió a la represión tras el fallido golpe de Estado de julio. La falta de ingresos y la acusación de conexión con una organización terrorista no solo implica pérdidas financieras, sino que plantea amenazas de ostracismo por parte de la sociedad turca en general. La Organización Internacional del Trabajo ha denunciado la detención de estas personas y ha sostenido que se llevó a cabo sin supervisión de los órganos judiciales, sin la debida investigación y sin el “principio de presunción de inocencia y derechos” otorgado por los Convenios de la OIT. [2]
El gobierno turco afirma que la disolución de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Acción (Aksiyon-Is) y su sindicato asociado se debió a su conexión con la llamada Organización Terrorista Fethullahist (FETÖ/PDY), que el gobierno turco condena como responsable por el intento de golpe. El gobierno sostiene que Aksiyon-Is y sus sindicatos afiliados no presentaron ninguna solicitud a la Comisión de Investigación y no utilizaron todos los canales y recursos internos disponibles.
Sin embargo, las conclusiones del comité de la OIT señalan que la decisión y el poder de declarar el estado de emergencia para la disolución de estos sindicatos se otorgaron al Consejo de ministros cuando el poder de decisión debería recaer en el parlamento. Esta autorización permitió al órgano ejecutivo emitir Decretos con fuerza de ley en lugar de los procedimientos legislativos ordinarios del parlamento. Por lo tanto, todos los canales internos para buscar enmiendas legales han caducado.
La OIT afirmó que la afiliación de individuos a sindicatos asociados a FETÖ/PDY era totalmente legal en virtud del artículo 2 del Convenio número 87. Sostuvieron que estos sindicatos se habían constituido y funcionado legalmente hasta que se declaró el estado de emergencia. Por lo tanto, es ilegal sancionar a los trabajadores por el simple hecho de estar afiliados a un sindicato sin prueba de participación, una acción específica o incluso conocimiento de que pueden haber tenido posibles afiliaciones con una organización terrorista. Aksiyon-Is sostiene que todos estos despidos se produjeron antes de cualquier investigación y en ausencia del debido proceso. Aksiyon-Is argumenta además que a ninguno de los detenidos se le permitió impugnar la decisión de su destitución ante un organismo neutral, lo que viola el artículo 8 del Convenio.
La Junta Ejecutiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas de fecha 24 de marzo de 2021, número GB.341/INS/13/5/, concluye que los despidos realizados con los Decretos Estatutarios y el cierre de instituciones en Turquía son contrarios a los Convenios Internacionales No. 158 y No. 87 y por lo tanto ilegal.
Se pide al gobierno del AKP de Erdogan que rectifique esta ilegalidad. Aunque han pasado más de diez meses desde la decisión, el gobierno del AKP no ha cumplido con sus requisitos ni ha mostrado interés en implementarla.
La OIT debe mantener su decisión y presionar al gobierno del AKP, considerando la improbabilidad del propio gobierno de implementar la decisión por su cuenta sin ser supervisados.
El cumplimiento de la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo de la OIT es obligatorio tanto en términos de derecho internacional como de derecho turco. La siguiente petición proporciona un curso de acción en profundidad para rectificar su injusticia.
La petición pide a la OIT que mantenga su decisión y actúe a favor de la implementación de la decisión de la Junta Directiva.
Referencias
Michael Rubin, (2017), ‘Did Erdogan stage the coup?’, AEIdeas
David Lepeska, (2020), The ‘gift from god’ that crushed Turkish democracy, Retrieved from http://ahval.co/en-84353
Fuente URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_775695.pdf
Fuente URL: Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2016/07/18/turkey-protect-rights-law-after-coup-attempt
[1] (Rubin, 2017)
[2] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_775695.pdf
Traducido por Olga Ruiz Pilato de [The Decision of the International Labor Organization (ILO) following the failed 2016 coup in Turkey]
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