El gobierno Turco está siendo juzgado por “violaciones de los derechos humanos” por el Tribunal de Turquía en Ginebra.

El 20 de septiembre empezó la primera sesión del Tribunal de Turquía en Ginebra. Como recordó la Dra. Françoise Barones Tulkens, el Tribunal de Turquía es un tribunal de opinión, que no pertenece al ordenamiento jurídico de un Estado ni a una Organización Internacional. Es un tribunal extraordinario nacido de la determinación de la sociedad civil. Aunque sus decisiones no sean vinculantes, es un instrumento y una plataforma para dar reconocimiento, visibilidad y voz a las personas que denuncian violaciones de sus derechos fundamentales. El tribunal es independiente, respeta el principio de un juicio justo y utiliza un método judicial para emitir sus decisiones. El objetivo fundamental del tribunal es alertar a la opinión pública y a los responsables políticos y contribuir al avance del derecho internacional y nacional.

El tribunal escuchará a seis rapporteur sobre la tortura, los secuestros, la libertad de prensa, la impunidad, el acceso a la justicia y la independencia judicial y los crímenes contra la humanidad en Turquía. También se escuchará a 15 testigos, y el gobierno turco recibió una invitación para asistir al juicio y las copias del informe, pero no ha contestado.

Al final, el tribunal formulará una opinión sobre la conformidad de las acciones de Turquía con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El tribunal no tiene poderes de investigación y no incurrirá en responsabilidad penal o civil. La decisión, aunque no vinculante, tiene valor moral y da herramientas jurídicas a las víctimas, los abogados o las ONG.

 

Primer rapporteur sobre la tortura:

Los principales textos legales que recoge la prohibición de la tortura son la Convención la Tortura y la convención europea de los Derechos Humanos. Estas convenciones establecen el mínimo que las leyes nacionales deben incluir en el código penal, y que la tipificación de la tortura con sanciones de prisión es una obligación. Igualmente, un acto que cumple los criterios de la definición de la tortura no puede ser considerado un delito menor, como un trato inhumano, por ejemplo. La prohibición de la tortura es absoluta, lo que significa que ninguna excepción o derogación puede justificar su uso. El estado puede ser responsable por no haber protegido a los ciudadanos de los actos de tortura perpetrados por actores privados, y por no haber investigado. La carga de la prueba recae en las víctimas, pero si existe una sospecha razonable de que fueron en detención, el acusado tendrá que aportar pruebas de lo contrario.

El rapporteur se basó en las estadísticas publicadas por el gobierno turco. Sin embargo, señaló las discrepancias entre las cifras proporcionadas por las ONG y por el gobierno. Por lo tanto, el rapporteur alegó que el gobierno no ha investigado todas las alegaciones. Por ejemplo, 2063 personas denunciaron actos de tortura a la ONG Derechos Humanos en Turquía entre 2000 y 2015. El rapporteur señaló que el número de casos abiertos se redujo en un 50% entre 2013 y 2015. Sin embargo, los indicadores demuestran que el número de casos aumentó y no disminuyó. La explicación sería la disminución de la voluntad del gobierno de castigar lo responsables de actos de tortura. Esos actos son principalmente el uso excesivo de la fuerza en la detención, las palizas, las humillaciones, las agresiones sexuales y los choques eléctricos.

La tortura ha sido una práctica extendida en Turquía durante décadas, especialmente después del golpe de Estado de 1980. En la década de 2000, se aplicó una tolerancia cero con respecto a la tortura, lo que provocó mejoras. Sin embargo, en los últimos 10 años se observa un resurgimiento de la tortura, en una impunidad casi total. Actualmente, se examinan 441 casos ante el TEDH por violaciones del artículo 3, lo que representa más casos que los investigados por Turquía.

Los grupos los más afectados por actos de tortura son miembros del movimiento kurdo, del movimiento Gulen, delincuentes juveniles y ordinarios. Además, la forma de reprimirlos depende de la necesidad de la policía de convertirlos en informantes.

El rapporteur concluyó que el uso de la tortura es sistemático y organizado, sin investigaciones, castigos ni la debida diligencia. Para defenderse, el gobierno turco argumentó que las víctimas no aportan ninguna prueba médica, que son oponentes políticos y que el índice de condenas por actos de tortura es muy bajo.

Testigo 1: Mehmet Alp

El primer testigo es profesor de química y administrador en una escuela de una región turca del sureste del país. El 18 de abril de 2018, fue secuestrado por la fuerza después de llevar a su hijo a la escuela. Un coche llegó detrás de él y los hombres lo subieron al coche. Le dijeron que eran policías y que uno de sus alumnos se había unido al PKK, y que otros estudiantes asistían a reuniones del movimiento Gulen y también se unieron al PKK. Finalmente lo liberaron y el 20 de abril fueron a su casa y detuvieron a su esposa durante 4 días. Este secuestro se explica por el fin del proceso de paz entre el PKK y el gobierno y el inicio del conflicto armado. Intentaron buscar protección avisando a las autoridades, pero no hicieron nada.

Un mes antes del golpe, fue detenido de nuevo y le hicieron preguntas sobre el movimiento Gulen. En total, estuvo detenido en 4 cárceles y 17 celdas.  Durante 2 meses, no pudo comer frutas ni verduras, ni ver a un médico. Empezó a tener problemas internos, como hemorragias internas. Sin embargo, los guardianes recibieron la orden de no aceptar su petición de tratamiento porque era considerado un terrorista perteneciente al movimiento Gulen. Después de esos dos meses, finalmente lo llevaron al hospital y le detectaron un cáncer intestinal. En noviembre, fue trasladado de nuevo. El 28 de mayo de 2017, dos personas le quitaron las esposas y lo llevaron a 200 km de distancia. Le hicieron preguntas sobre las funciones que cumplió durante el golpe de Estado del 15 de julio. Respondió que no había participado en el golpe, que no tenía nada que ver con el grupo Gullen. Se negó a firmar los documentos. Tenía una bolsa sobre la cabeza y estaba en una habitación oscura, debajo de la prisión. Le pegaron la cabeza y el cuerpo con cosas metálicas. Se desmayó, sangraba por la nariz. Lo metieron en una furgoneta y finalmente llegó al hospital. En esta prisión, conoció a un académico torturado con electricidad.

Consiguió escribir todo lo que había pasado gracias a papel higiénico. No se le permitió ver a su abogado ni a su mujer.

El 6 de junio debía presentarse ante los tribunales, y los guardianes le amenazaron a él y a su familia si confesaba ser víctima de tortura. No dijo nada y entonces fue declarado culpable.

Se le acusó, en primer lugar, de falsificación, luego de ser miembro de una asociación armada y, por último, de participar en el golpe de Estado. Tras ser liberado, acudió a las autoridades, pero no pasó nada porque la policía, los fiscales y el tribunal trabajan juntos. Sólo pudo luchar por sus derechos en países libres, porque en Turquía es imposible.

Testigo 2: Erhan Dogan

El segundo testigo era profesor de historia en Ankara. Cuando se produjo el golpe de Estado, trabajaba en una escuela del grupo Gulen en Ankara. Una semana después, hubieron muchas detenciones y las escuelas cercanas al grupo Gulen fueron saqueadas, quemadas y destruidas. Diez días después, un profesor de su escuela le llamó porque los policías preguntaban por él. Fue a la escuela y vio a gente esperándole. Lo sujetaron por el cuello y lo empujaron contra la pared. Le insultaron de terrorista, le golpearon y le dijeron que si se negaba a obedecer sus órdenes, toda su vida se convertiría en una miseria, incluida su familia. Le preguntaron con quién se había reunido. Le pidieron diez nombres de altos cargos del grupo Gulen. Además, querían que aceptara que era miembro de una organización terrorista y que firmara documentos que lo incriminaban. El testigo contestó que no era un terrorista, por lo que lo torturaron durante un rato. Después vino un policía oficial de Ankara, les robó el ordenador y el teléfono y los llevó a la ciudad de Ankara, a la comisaría antiterrorista.

Una vez allí, fue escoltado por 12 policías que les insultaron, les llamaron perros y les golpearon. Lo separaron de los demás, y le dijeron que podía morir, y que aquí muere mucha gente y nadie lo sabe. Lo llevaron a un gimnasio, con gente vestida de naranja y esposada. Había sangre a su alrededor en las paredes, lo que demostraba que aquí torturaban a los detenidos. Le dieron un pequeño trozo de pan, mermelada y una botella de agua. Los otros detenidos eran eruditos. Uno de ellos era diabético y todas sus peticiones de atención fueron desestimadas. Recordó varios actos de tortura, como estar desnudo con agua fría, golpes con cachiporras o cuatro oficiales golpeándole la cabeza contra la pared y haciéndole preguntas sobre el grupo Gulen. Una vez, le ataron con las manos hacia atrás y le dejaron colgado al techo una o dos horas. Después de eso, recordó que pensó que se le habían roto todos los huesos y que no era capaz de caminar. Le llevaron ante una persona vestida de médico, que le preguntó cómo estaba. Respondió que había sido torturado, por lo que los funcionarios lo volvieron a llevar y lo torturaron de nuevo. La segunda vez respondió que estaba bien, así que volvió al gimnasio.

Uno de los acontecimientos más impactantes que vivió fue escuchar los gritos de las mujeres detenidas en las celdas adyacentes, que suplicaban a los guardas que no las violaran. Los guardas amenazaron a su esposa e hija, que podrían acabar como esas mujeres.

Cuando fue llevado al tribunal, el policía que lo torturó vino con él, y el juez no le hizo preguntas, porque ya había sido escuchado cuando fue detenido. El juez decidió su detención y fue llevado a la prisión de delitos agravados. Allí sufrió la ira de los palestinos, porque los presentaron como miembros terroristas.

Los llevaron a una celda para 16 personas, y eran unas 50 personas. Las condiciones de vida eran precarias: tenían que esperar 40 minutos para ir al baño, y tenían agua caliente una vez a la semana durante 30 minutos. Además, los guardas les insultaban constantemente.

Un día les dijeron que una delegación del Comité Europeo de Derechos Humanos iba a venir. Les dijeron que si decían algo sobre los actos de tortura, no podrían ver a su familia (a la que sólo podían ver una vez cada dos meses) o los enviarían a aislamiento. La delegación finalmente vino, pero nadie dijo nada.

El testigo recordó que oían constantemente la frase “aunque salgas tu vida será un infierno”.

En total estuvo detenido durante 10 mese. Después de ser liberado, descubrió que los motivos de su detención eran que trabajaba en una escuela perteneciente al grupo Gulen, era miembro de un sindicato, tenía una cuenta bancaria en el banco Asia y utilizaba la aplicación llamada Bylock.

Acudió a los tribunales en cuatro ocasiones y fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión, sin un juicio justo. Interpuso un recurso ante el tribunal administrativo y fue liberado bajo control judicial. El tribunal confirmó finalmente la sentencia y ahora su caso está siendo revisado por el tribunal de casación. Mientras tanto, escapó de Turquía.  Dado que su familia lo consideraba un terrorista y la presión de la sociedad influenciada por el discurso del gobierno, decidió huir de Turquía. Ahora se encuentra en Alemania, donde intenta reconstruir su vida con su familia.

Testigo 3: Eren Keskin, abogado de derechos humanos

La abogada afirmó que no sólo la policía o los soldados son culpables, sino tambien los fiscales que no investigan, los jueces que absuelven a los culpables y los médicos forenses que no documentan la tortura.

La abogada señaló que uno de los principales problemas es la documentación de la tortura, porque los jueces sólo aceptan los informes forenses como prueba de la tortura cuando la ley no establece una lista exhaustiva de pruebas aceptables. Sin embargo, los médicos forenses son funcionarios dependientes de la autoridad política y están vinculados al gobierno. Por lo tanto, no aportan pruebas de actos de tortura. Por ejemplo, publican el informe de una persona casi muerta diciendo que puede permanecer en prisión ya que su estado de salud lo permite.

Turquía ya fue condenado por el ECthR en el caso de Sukran aydin, porque no había ningún informe de un médico independiente o de centros de rehabilitación.

Según el testigo, la tortura siempre ha sido una política de Estado, aunque esté legalmente prohibida. Los abogados están mantenidos al margen del sistema porque son defensores, y a veces no se les permite visitar a sus clientes en la cárcel.

La abogada ha sido condenada como terrorista armada, por primera vez después de 30 años trabajando como abogada. Espera ser detenida todos los días, como muchos políticos del HDP que están en la cárcel sólo por sus pensamientos.

Morgane Bizien

 

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